En medio de una creciente controversia política y social, el presidente colombiano Gustavo Petro ha generado revuelo con sus recientes declaraciones sobre la distribución de inversiones en infraestructura a nivel nacional, poniendo especial énfasis en el departamento de Antioquia. Durante un discurso en la Universidad Industrial de Santander, Petro cuestionó las cuantiosas inversiones dirigidas hacia Antioquia, sugiriendo que estas favorecían desproporcionadamente a los sectores más acaudalados, en detrimento de otras regiones que, a su juicio, necesitan con mayor urgencia dichos recursos para el desarrollo de su infraestructura.
El mandatario destacó la necesidad de reevaluar el enfoque de las inversiones en carreteras, argumentando que muchas de estas obras tardan décadas en completarse, lo que resulta en un beneficio diferido para la población, mientras que proyectos destinados a zonas de mayor influencia económica se ejecutan a un ritmo significativamente más rápido. Petro solicitó un informe detallado sobre el gasto por kilómetro en las carreteras del país para evidenciar esta disparidad, aunque admitió que aún no ha recibido dicha información.
Esta polémica se intensifica en un momento crítico, con 15 proyectos de infraestructura en Medellín y Antioquia enfrentando incertidumbres financieras por falta de $4 billones de pesos necesarios para su continuación. Estos proyectos, que incluyen el Metro de la 80 y el Túnel del Toyo, se han visto afectados por la no asignación específica de fondos en el Presupuesto General de la Nación (PGN) para el 2024, lo que ha generado especulaciones sobre la posibilidad de que el gobierno utilice estos recursos para otros fines considerados políticamente más prioritarios.
Las autoridades locales de Antioquia, incluido el gobernador y el alcalde de Medellín, han expresado su preocupación, interpretando las acciones y declaraciones del presidente como una posible represalia por diferencias políticas. Sin embargo, Petro y su administración han negado tales acusaciones, aunque las declaraciones del presidente sobre las autopistas 4G y otros proyectos han avivado la discusión sobre la equidad y la priorización en la asignación de recursos para infraestructura a nivel nacional.
La situación ha llamado la atención de exministros, congresistas y expertos, quienes han alertado sobre los riesgos que los $13 billones no asignados específicamente en el PGN representan para el futuro de importantes proyectos de infraestructura en todo el país, incluyendo obras cruciales no solo en Antioquia sino también en Bogotá y otras regiones. El debate sobre el manejo y la distribución de estos fondos subraya la complejidad de equilibrar las necesidades de desarrollo regional con las estrategias políticas y económicas a nivel nacional, en un contexto marcado por tensiones entre distintos niveles de gobierno y entre regiones con diferentes realidades socioeconómicas.