Interceptación de la Caravana de la UNP: ¿Crisis Política o Éxito Operativo?

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En un evento que ha sacudido el panorama político y de seguridad en Colombia, una caravana de la Unidad Nacional de Protección (UNP), transportando a disidentes armados, fue interceptada por el Ejército. Este incidente, que involucró la detención de varios cabecillas de las disidencias de las Farc, ha generado una ola de críticas y cuestionamientos sobre la política de paz del Gobierno Nacional.

La caravana, compuesta por siete camionetas, viajaba desde Tibú, Norte de Santander, hasta Anorí, Nordeste antioqueño. En su recorrido de más de 600 kilómetros, fue detenida en un puesto de control del Ejército en el sector de Puente Gabino, en el corregimiento Porce (Santo Domingo). Al percatarse de la presencia de guerrilleros reconocidos, los militares detuvieron la caravana, iniciando un procedimiento que duró nueve horas y que culminó con siete capturas.

El puesto de control se convirtió en el escenario de una especie de guerra fría. Las autoridades buscaban ejecutar las detenciones de los cabecillas, entre los que se encontraba Alexánder Díaz Mendoza, alias Calarcá, segundo al mando del Estado Mayor Central. Por otro lado, los exguerrilleros se escudaban en argumentos legales y las suspensiones de las órdenes de captura, alegando su participación en las negociaciones de paz con el Gobierno Nacional.

Con apoyo de la Policía y el Ejército, las camionetas fueron trasladadas al batallón Pedro Nel Ospina, en Bello, para realizar las revisiones pertinentes. Alias Firu, comandante del frente 36, fue uno de los capturados debido a que sus órdenes de captura por múltiples delitos no estaban suspendidas. Junto a él, fueron detenidos Diana Carolina Rey Rodríguez, alias Érika Castro, y Ómar Delgado Novoa, alias El Boyaco.

Alias Ramiro, líder del frente 18, también fue detenido en flagrancia al encontrarle una pistola y $26 millones en efectivo, a pesar de tener su orden de captura suspendida. Otros detenidos incluyen a Juan Antonio Agudelo Salazar, alias Urías Perdomo, Wenser Yosony Duque, alias Óliver González, y María Alejandra Ojeda Londoño.

La Fiscalía ordenó la libertad de tres de los capturados, incluyendo a alias Ramiro, basándose en la suspensión de las órdenes de captura. Esto ha generado una nueva crisis política, con críticas hacia la política de paz del Gobierno Nacional y su manejo de las negociaciones con las disidencias.

Carlos Eduardo García Téllez, alias Andrey, comandante político del Bloque Magdalena Medio, defendió que la caravana estaba autorizada y responsabilizó al Gobierno de las capturas. El Gobierno Nacional, por su parte, argumentó que la caravana estaba autorizada para transformaciones territoriales y que la situación debe aclararse.

Este incidente ha puesto de manifiesto las complejidades y tensiones en el proceso de paz en Colombia. Mientras algunos ven la operación como un éxito en la lucha contra las disidencias, otros critican las detenciones y el impacto en las negociaciones de paz. La controversia sigue en desarrollo, con un debate abierto sobre la legalidad y las implicaciones políticas de estas acciones.